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VIVIENDAS A PRECIOS RAZONABLES

 

 

Una de las mayores preocupaciones de las familias españolas es la adquisición de una vivienda. Así lo constata la opinión generalizada de los ciudadanos cuando se les pregunta por los principales problemas que tienen en su vida cotidiana, tal como queda reflejado en una encuesta realizada recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los datos hablan por sí solos. En los últimos cinco años el precio de la vivienda en España ha aumentado un 52 por ciento, en tanto que el incremento de los salarios no ha llegado al 10 por ciento; el esfuerzo que debe hacer una familia española para acceder a una vivienda se sitúa entre el 48 y 64 por ciento del salario; Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia son las comunidades donde menor esfuerzo presupuestario deben hacer las familias para adquirir una vivienda; cada vez se retrasa la edad por parte de los jóvenes en abandonar el hogar familiar dado el precio que ha alcanzado la vivienda en España; de cada 200 viviendas que se construyen en España una es de protección pública mientras que en Castilla-La Mancha de cada 20 viviendas que se construyen una es de protección oficial.

El pasado año era aprobado el III Plan de Vivienda en nuestra Comunidad Autónoma teniendo como principales directrices favorecer el acceso a una vivienda a familias que disponen de menos niveles de renta, la estabilización del precio, facilitar la compra de viviendas a jóvenes, a personas discapacitadas, familias monoparentales y numerosas, promover la rehabilitación de inmuebles en centros urbanos e incentivar la construcción de viviendas sostenibles .

Para que esto sea posible el Gobierno regional ha dispuesto una serie de medidas y actuaciones dirigidas a ayudar a los colectivos que más dificultades tienen para adquirir una vivienda. Por un lado, ha actualizado los precios máximos de venta de las viviendas públicas en los distintos regímenes a los que se acogen , y por otro, ha establecido una serie de ayudas que facilitan el acceso a una vivienda digna a aquellas personas que tienen problemas para comprarla. El Gobierno autonómico pretende de esta manera extender al máximo posible el derecho de los ciudadanos a adquirir una vivienda en condiciones razonables e impulsar la construcción de viviendas de promoción pública que favorezcan la calidad de vida de los castellano-manchegos.