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[ Consenso en las Cortes regionales para la reforma del Estatuto de Autonomía ]
 

Un acuerdo con el que ganamos los castellano-manchegos
 

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, un texto que pide la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el año 2015, exige que la región tenga más protagonismo en los órganos de gestión del agua e incluye un sistema que fija las inversiones estatales en nuestra Comunidad Autónoma.

Foto: Álvaro Ruiz

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha salido de las Cortes regionales con el apoyo unánime de ambos grupos parlamentarios y, lo que es más importante, con un amplio respaldo social, tras dos años de trabajo conjunto para diseñar la base del futuro de la región.

El texto aprobado incluye las 142 enmiendas pactadas por el PSOE y el PP, más cuatro propuestas finales de la oposición con las que se quiere paliar posibles fallos de constitucionalidad.

El Estatuto, que ya se tramita en el Parlamento de la Nación, incluye una disposición transitoria para que desde 2007 se reduzca de forma paulatina el agua que se deriva desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura hasta el 2015, fecha fijada para la extinción definitiva del trasvase. Tras ese año, los dos millones de personas que ahora se abastecen del acueducto dejarán de hacerlo, ya que podrán hacer uso de infraestructuras alternativas como las desaladoras, por las que apuesta el Gobierno de España. Hasta entonces, el texto establece que el agua generada por estas otras fuentes sustituya a los aportes hechos desde el trasvase Tajo-Segura.

Además, la propuesta de reforma aprobada en las Cortes de Castilla- La Mancha por unanimidad impone que el Gobierno regional emita un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de cesión o transferencia de agua que afecte a la Comunidad Autónoma y reserva al Ejecutivo autonómico el derecho a utilizar esos recursos para atender las necesidades de la región.

De igual modo, el nuevo Estatuto exigirá que nuestra Comunidad Autónoma tenga presencia, voz y voto en los órganos de decisión y gestión del agua, al tiempo que se compromete la ejecución de infraestructuras hidráulicas necesarias para el aprovechamiento de este recurso en la región.

 

La propuesta de financiación autonómica


En el capítulo dedicado a la financiación, la propuesta de reforma estatutaria incluye una regla que fija las inversiones estatales en Castilla-La Mancha a partir de lo que representa la región en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional, su población con respecto al conjunto de España y lo que supone la extensión de su territorio dentro del total nacional. Pero además esta disposición adicional que se quiere incluir en el Estatuto iría acompañada de otra por la que el Estado tendrá que aportar recursos iguales al 1 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha, mientras la renta de la región no se equipare a la media del país.

Al margen de estas dos cuestiones, la propuesta de reforma del Estatuto define a Castilla-La Mancha como una Comunidad Autónoma enmarcada en la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Por otra parte, el texto aspira a alcanzar las máximas cotas de autogobierno para la región, siempre dentro de los límites que marca la Constitución española, e incluye una carta de derechos y deberes ciudadanos. Además, se suma a apuestas de otras comunidades autónomas, como la creación de un Consejo Regional de Justicia y una Agencia Tributaria propia.

 

La propuesta de reforma incluye una regla que fija las inversiones estatales en Castilla-La Mancha.


De igual manera, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía obliga a la Administración castellano- manchega a crear un Código de Buen Gobierno, que rija la actuación de los miembros del Ejecutivo y del resto del Gobierno regional.

Antes de que las Cortes autonómicas aprobaran por unanimidad el texto, el secretario de organización del PSOE en la región, Patrocinio Gómez, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el presidente autonómico, José María Barreda, se reunieron en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, donde firmaron un documento en el que expresan su satisfacción por el acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía y su voluntad de que sea un importante elemento de desarrollo.

La reforma del Estatuto de Autonomía traerá consigo la mejora de las infraestructuras. En la imagen, la Autovía de los Viñedos, la primera de titularidad autonómica.

Foto: Carlos Moreno

 

Más de dos años de trabajo


La propuesta de reforma sale de Castilla-La Mancha más de dos años después de que el presidente regional anunciara, en octubre de 2004, su voluntad de reformar el Estatuto de Autonomía para que la Comunidad Autónoma tuviera más presencia en los órganos de gestión del agua. Barreda planteó esta iniciativa en las Cortes regionales durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región de aquel año, el primero que pronunció como presidente de Castilla- La Mancha.

Doce meses más tarde, en octubre de 2005, José María Barreda firmó con el presidente del PP en Castilla- La Mancha, y el secretario de organización del PSOE, el Acuerdo de Fuensalida que definía las bases de la reforma y ponía de manifiesto la voluntad inequívoca del Gobierno regional y de los partidos con representación en las Cortes autonómicas para la defensa del Estado, tal y como lo define la Constitución española.

El documento garantizaba también que la reforma del Estatuto de Autonomía, siempre dentro de los límites de la Constitución española, apostaría por los máximos niveles competenciales y de autogobierno para beneficio de todos los castellano-manchegos y todos los españoles.

El Acuerdo de Fuensalida incluía además la creación de un grupo de trabajo, compuesto por tres socialistas (Jesús Fernández Vaquero, José Molina y Patrocinio Gómez) y tres populares (Vicente Tirado, Ana Guarinos y Leandro Esteban) encargado de diseñar el texto, que tardó otro año en dar forma a la propuesta del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Por tanto ha sido este grupo de parlamentarios el responsable de la mayor parte del trabajo que conlleva la elaboración de la propuesta de reforma estatutaria.

El 2015 es el año fijado para la extinción definitiva del trasvase Tajo-Segura.

Foto: Carlos Moreno

El 19 de octubre de 2005 comenzaron los trabajos para la reforma del texto en una reunión que se desarrolló en un clima de cordialidad y en la que el vicepresidente primero, Fernando Lamata, entregó a los representantes de los grupos políticos un documento de bases elaborado por el Gobierno regional para ir avanzado en la propuesta del nuevo texto.

El proceso se ha llevado a cabo en cuatro fases; la primera consistía en acordar entre PP y PSOE las bases para la reforma, además de iniciar una serie de consultas a los distintos órganos de la región. Durante la segunda fase se trabajó en el articulado para después llevarlo a las Cortes regionales y se dio el visto bueno a la creación de una Comisión Parlamentaria para la reforma del Estatuto, que escuchó las propuestas de una treintena de colectivos y organizaciones de la Comunidad Autónoma.

El texto definitivo contó de este modo con las aportaciones de todos los representantes sociales y económicos de Castilla-La Mancha, demostrando una vez más la voluntad que existe en la Comunidad de gobernar en coalición con la sociedad, porque en definitiva somos todos los castellanomanchegos los principales beneficiarios de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía.

Lo que supone la extensión de la región dentro del total nacional aparece en el Estatuto como un criterio para fijar las inversiones estatales.

Foto: Carlos Moreno

Fue el 30 de octubre de 2006 cuando los grupos parlamentarios con representación en las Cortes regionales registraron en la Cámara la proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía, después de haber habilitado un periodo extraordinario de sesiones para su tramitación. Así concluyó el tramo autonómico del proceso de reforma del texto estatutario.

Coincidiendo con el inicio del primer periodo de sesiones de 2007, el 1 de febrero el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando López Carrasco, registró en la Cámara Baja la propuesta de reforma del Estatuto regional, quien se mostró partidario de que su tramitación en el Congreso deje el texto "tal cual" lo aprobó el Parlamento autonómico.

 

Los trámites que aún le quedan a nuestro Estatuto


Antes de su aprobación definitiva, al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha aún le queda un largo camino por recorrer. Hablamos de una Ley Orgánica, que se encuentra a un nivel jerárquico superior a una ley ordinaria y que por tanto conlleva diferencias en su tramitación parlamentaria.

 

El Estatuto incluye una disposición transitoria para que desde 2007 se reduzca de forma paulatina el agua que se deriva desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura hasta el 2015.


El primer paso que debe dar a su llegada al Congreso de los Diputados en Madrid es su admisión a trámite. Una vez que ha superado esa fase, es debatido en el Pleno del Congreso. La aprobación de la propuesta de El nuevo Estatuto supondrá para a Castilla-La Mancha más progreso y más bienestar. Carlos Moreno reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha requiere el voto favorable de la mayoría absoluta en el Pleno del Congreso de los Diputados en una votación sobre el conjunto del proyecto de Ley. En este Pleno, las enmiendas se discuten por mayoría simple y, una vez fijado el texto del proyecto de Ley, se somete a una votación en conjunto, que aprobará la Ley por mayoría absoluta.

El propósito del Gobierno regional es “que todos los niños y niñas vengan con un libro y un carnet de biblioteca debajo del brazo”. Para contribuir a este fin, el Ejecutivo autonómico va a poner en marcha el Centro de Lectura de Castilla-La Mancha y avanzó que se creará el Centro de Restauración regional.

Si no se obtiene la mayoría absoluta, el texto se devuelve a la Comisión, quien presenta un nuevo dictamen, que se vuelve a discutir y a votar. Requiere otra vez una mayoría absoluta en el Pleno del Congreso. Si la consigue, pasa al Senado que tiene que aprobar el texto por mayoría simple. En caso de que el Senado lo apruebe sin introducir cambios, esta Ley orgánica, en este caso nuestro Estatuto, ya puede ser sancionada y promulgada. Cuando el Senado introduce enmiendas, el texto se vota otra vez en el Congreso, donde debe recibir el apoyo de la mayoría absoluta para que la ley quede finalmente aprobada.

El nuevo Estatuto supondrá para a Castilla-La Mancha más progreso y más bienestar.

Foto: Carlos Moreno

 

El apoyo de los agentes sociales

Carlos Pedrosa, secretario regional de UGT:”Es importantísimo para los castellano-manchegos, porque el nuevo Estatuto aumenta el techo competencial de la Comunidad Autónoma”.

José Luis Gil, secretario regional de CCOO: “Es un acuerdo sensato y constructivo, ya que no pedimos para nosotros nada que no pidamos para las otras comunidades autónomas y porque se trata de superar una excepcionalidad que Castilla-La Mancha es la única que soporta”.

José María Fresneda, secretario regional de ASAJA: “Insisto en la necesidad de que se optimice la situación de los ciudadanos del medio rural y estoy satisfecho por la unanimidad en la reforma”.

Jesús Bárcenas, presidente de CECAM: “Destaco el consenso alcanzado y la voluntad de los políticos para que el texto recoja prácticamente todo lo que la sociedad ha ido aportando desde los distintos ámbitos”.