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Viviendas para mayor bienestar

 

La vivienda se ha convertido en uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos. La importante subida registrada en el precio de vivienda libre en España ha provocado que muchas familias lleguen al sobreendeudamiento para poder acceder a un inmueble.

La situación de bonanza económica ha llevado a muchos inversores a la búsqueda de valores seguros en la vivienda. El mercado inmobiliario se encuentra ahora con tipos de interés más bajos que en años anteriores y con créditos a largo plazo. Así las cosas, las Administraciones públicas han llevado a cabo una política de promoción o construcción de viviendas de protección, destinadas a familias y colectivos que no pueden acceder a una vivienda libre.

Durante la última década, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha construido directamente más vivienda protegida y ha incentivado a los constructores para promover viviendas protegidas. El Gobierno regional ha emprendido dos medidas legislativas sin precedentes en España: la limitación de que en suelo público sólo se puedan construir viviendas públicas o edificaciones sociales y la obligación de que en suelo privado, en poblaciones de más de 10.000 habitantes, al menos el 50 por ciento de las viviendas que se promuevan sean protegidas. De esta forma, se frena la especulación urbanística.

A pesar de las voluminosas cifras que se manejan en el mercado, los informes oficiales confirman que somos la segunda autonomía con el precio de la vivienda más barata de España, pero el reto que se ha marcado el Gobierno castellano-manchego es continuar incentivando la construcción de viviendas protegidas, como política de contención de los precios del mercado.

En Castilla-La Mancha está diseñándose el IV Plan de Vivienda para el que se espera contar con el acuerdo y el consenso de los agentes sociales y sectores implicados en la materia. Entre otras cuestiones, el Plan pretende construir más viviendas públicas e incentivar más a los constructores para que hagan más viviendas protegidas y viviendas a precio tasado para familias con rentas económicas medias. El Gobierno regional quiere que el esfuerzo familiar no llegue a más del 25 por ciento a la hora de adquirir una vivienda pública.

En este Plan se contemplan una serie de ayudas y beneficios dirigidos a colectivos sensibles, sobre todo familias numerosas, discapacitados, jóvenes y mujeres con cargas familiares.

También se fijan las pautas para adaptarnos a las exigencias europeas para que la vivienda sea compatible con el medio ambiente, al mismo tiempo que incorpora actuaciones tendentes a lograr mayor agilidad administrativa y la lucha contra el fraude en las viviendas protegidas.